Se trata de Raúl Ibars, de 46 años, quien quedó acusado de lesiones, a disposición de la Fiscalía N° 15.

Según detallaron desde la Comisaría local, el hecho se registró el sábado a la tarde, en diagonal Sarmiento al 700 del barrio Ciudad Atlántida.

El herido, un hombre de 27 años, fue trasladado al Hosptial Municipal "Eva Perón" para realizarle curaciones en una herida en la pierna derecha.

Agregaron que la agresión fue por una discusión de vieja data.
 

Se trata de Emanuel Chamorro Sepúlveda, de 20 años, quien pese a sufrir importantes lesiones por el golpe energético, recibió el alta médica durante el fin de semana desde el hospital Municipal.

Sin cupo en los calabozos locales, se decidió su traslado a la comisaría de Pigüé, donde se encuentra alojado bajo cargos de robo agravado por cometerse en despoblado y en banda, en grado de tentativa. 

Muerte de los robacables: quién es la octava persona señalada

El joven acusado había sido dejado en la puerta de la guardia del Municipal, en la caja de una camioneta Volkswagen Amarok, junto con otras 4 personas que perdieron la vida en medio del frustrado delito en el kilómetro 46,5 de la ruta 33.

Los fallecidos fueron identificados como Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28).

Otro detenido es Ángel Daniel Gallardo (63), padre de Fernando, quien afronta la misma imputación que Chamorro y también está preso en Pigüé.

Mientras tanto, se investiga la posible intervención del subcomisario Martín Omar Ñancucheo, desafectado la semana pasada de la fuerza, cuyo handy encriptado fue encontrado en el interior de la camioneta.

Otra línea hacia la que procura avanzar el fiscal Gustavo Zorzano es si hubo algún empleado infiel de la empresa transportadora de energía a la que corresponde la línea de media tensión, ya que se venían sucediendo los delitos en esa zona rural.

El debate tiene lugar en el quinto piso del Palacio de Tribunales, Estomba 34.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, el sospechoso -al que no se identifica para preservar a las jóvenes- habría abusado de las niñas entre 2013 y 2019, cuando las víctimas tenían entre en 10 y 17 años de edad, aprovechando diversas situaciones para efectuarles tocamientos en sus partes íntimas y someterlas a diferentes hechos abusivos.

La denuncia fue realizada en 2021 por la madre de las chicas, luego de que ellas lograran contar lo que habían vivido en manos de su padre durante esos años, aprovechando una discusión que se había generado con motivo de la separación de la pareja.

El hombre llega a juicio acusado de 6 hechos de abuso sexual simple, reiterado, doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad (hechos I, II y III), en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad (hechos IV, V y VI).

Se la identificó como Susana Adela Molina, de 41 años, quien en principio fue acusada de lesiones leves y resistencia a la autoridad.

El incidente se registró, sobre las 23 de ayer, en Gorriti y Río Atuel. Un aviso al 911 dio cuenta que en ese sector se estaba registrando una confrontación vecinal.

Cuando llegaron los móviles del Comando de Patrullas, los uniformados constataron que Juan Ignacio Arévalo (30) se encontraba con lesiones en el rostro y las manos y determinaron que habría sido agredido por Molina, con quien mantenía "diferencias de vieja data".

Una vez aprehendida, se estableció que sobre la mujer pesaba un pedido de paradero activo del juez de paz de Coronel Rosales y un pedido de comparendo compulsivo del Juzgado de Garantías Nº 1, por una causa de lesiones leves, robo y atentado contra la autoridad.

Prontuario

A fines de 2003, Molina había sido condenada por asaltar un quiosco en Nicolás Pires al 600 de nuestra ciudad. Recibió 5 años y 3 meses de cárcel, mientras que Leonardo Bastida sufrió 7 años de prisión por el mismo delito.

Durante el trámite de juicio por ese hecho, según se informó, agredió a una guardiacárcel.

En 2014 volvió a ser noticia, en este caso como víctima de la agresión de una expareja.

También cuenta con antecedentes por agredir a un almacenero que no le quiso fiar bebidas, en Blandengues 2200 y el año pasado, a su vez, fue acusada de robar una heladera en una vivienda de Chancay al 2200 junto con Andrés Lazarte Llanos (40).

El hecho ocurrió luego del mediodía, en una vivienda ubicada Terrada al 2.800.

En ese lugar, fueron capturados Brenda Sauer, de 20 años, y César Scordamaglia, de 49, quienes, por circunstancias que se intentan establecer, agredieron físicamente y provocaron una lesión en la cabeza a una mujer de 32 años que se encuentra en situación de calle y se encontraba en la vivienda donde se produjo la golpiza, propiedad del hombre.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Séptima, mientras que la agredida no requirió traslado a un centro asistencial.

Según se indicó, las lesiones fueron de carácter leve.

La causa, caratulada como Lesiones, se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.

El operativo se llevó a cabo este sábado, en el barrio 18 de Junio de la localidad villarinense, en Calle 14, entre 19 y 21.

En ese lugar, las fuerzas de seguridad cumplieron con la orden de allanamiento, requisa y secuestro de distintos elementos, luego de tomarse conocimiento de la venta ilegal de carne, posiblemente vinculada con los recientes hechos de abigeato que se estaban dando en la zona, aunque fuentes vinculadas al caso reconocieron que los uniformados se sorprendieron con la existencia de dichos elementos en el lugar.

También se procedió a la captura de Rogelio Mamani Caba, de 24 años.

Además, se secuestraron cortes cárnicos sin trazabilidad por más de 130 kilos, un teléfono celular,  herramientas varias de mano para cortes y desposte, una carabina calibre 22 largo sin numeración ni marca legible, seis proyectiles calibre 22 largo, envoltorios de bagullos de marihuana por 3 kilos, tres plantas y dos balanzas de precisión.

La causa se encuentra bajo la órbita de las unidades funcionales de instrucción y juicio 19 y 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Fuentes policiales revelaron que la hipótesis más fuerte recaería en la tarea de los auxiliares y una posible falla de aviso.

"Una locomotora con un vagón circulaba en sentido a Palermo a baja velocidad. Al tren de pasajeros lo debían frenar a la altura de Salguero, pero el auxiliar se lo comió y autorizó el paso", se explicó.

La investigación contempla varias hipótesis incluyendo una posible "falla humana". 

También se están explorando fallos mecánicos o eléctricos, además del impacto de un sistema de señalización debilitado por el robo reciente de cables.

La Junta de Seguridad del Transporte (JST) ha sido convocada para proporcionar informes técnicos y realizar peritajes, especialmente en lo que respecta a la visibilidad en el área del incidente. 

Justamente, el juez federal Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, quien subroga a Carlos Rívolo porque está de viaje, pidieron un informe a la JST y, además, ordenaron una serie de peritajes.

La hipótesis de la falla humana se centraría en dos auxiliares de la estación Palermo que le habrían dado "boleto de vía libre" al tren de pasajeros que había partido de Retiro a las 10.20 a pesar de que una locomotora y un furgón estaban detenidos sobre el puente de Figueroa Alcorta.

Los trenes y vagones afectados han sido retirados para inspección y mientras tanto, el servicio de trenes fue reemplazado temporalmente por un sistema de control manual y órdenes radiales, debido a los daños en el sistema de señalización habitual. Hay un servicio reducido entre las estaciones Villa del Parque y Pilar.

Este incidente se enmarca en un contexto de desinversión en el sistema ferroviario local, comparado en el artículo con un accidente similar ocurrido en 2021. 

De acuerdo al resultado de la investigación, el caso podría ser clasificado como estrago culposo o doloso agravado por las lesiones leves reportadas. (con información de NA)

En ese lugar fue capturada Yamila Ruiz Diaz, de 25 años, por el delito de Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves.

Según se indicó, la mujer le propinó golpes de puño en el rostro a su pareja, quien también presentaba heridas superficiales punzocortantes leves en el muslo, la pierna y la mano, por lo que debió ser atendido en el nosocomio local.

No se halló el arma blanca utilizada.
 

Si sufrís violencia de género, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

El hecho ocurrió sobre las 11, en 20 de junio al 900.

En ese lugar, luego de ser advertidos sobre un Fiat Uno que realizaba maniobras peligrosas y perseguirlo, personal del Comando de Patrullas aprehendió a Diego Neira, de 20 años, quien estaba al comando del vehículo y demoró a su acompañante, Tobías Carrasco, de 18.

Los ocupantes del Fiat Uno, al observar que eran perseguidos por la policía, intentaron escapar, pero terminaron perdiendo el control del vehículo y chocando contra el canasto de basura y el paredón de una casa.

El control de alcoholemia arrojó que Neira tenía 1,78 gramos de alcohol en sangre.

Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 y el Juzgado de Garantías Nº 1. La carátula es Desobediencia y Averiguación de Identidad.

Celeste Jaramillo sufrió mucho más que la pérdida de un teléfono durante un robo que sufrió a principios de año en el barrio Universitario.

El delincuente que le arrebató el aparato a plena luz del día, cuando se movilizaba junto a su pareja en una moto, se llevó con el celular fotos, videos y recuerdos de su padre fallecido que superan cualquier valor económico.

El ladrón, que actuó utilizando una especie de faca y lesionó al marido de la mujer, fue atrapado por la Policía y recibió la tercera condena en su historial delictivo.

Se trata de Omar Emanuel Ledebur (40), quien recibió una sanción de 6 años de prisión.

El juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, lo halló culpable del delito de robo agravado por el uso de arma.

Al momento de los alegatos, el fiscal Eduardo Quirós había reclamado una pena de 8 años, mientras que el defensor oficial Carlos Carnevale consideró que el procesado debía ser absuelto.

El robo

Para el magistrado quedó probado que el pasado 4 de febrero, poco antes de las 15, en Aguado y Zapiola, Ledebur sustrajo un celular Motorola G6 Play perteneciente a Jaramillo.

Al momento del hecho la mujer circulaba como acompañante en una moto que guiaba Rubén Darío Sepúlveda y estaba detenida en el semáforo.

Las víctimas comenzaron a perseguir al ladrón y le dieron alcance a los pocos metros, pero en esas circunstancias lesionó al hombre con un arma blanca que tenía atada con tela y cinta de embalar a un palo de unos 90 centímetros de largo.

Tras esto Ledebur intentó escapar, aunque efectivos policiales que habían sido alertados de lo sucedido lograron arrestaron en la avenida Alem al 1500.

Ataque y fuga

Jaramillo manifestó que al momento del hecho llevaba su celular en la mano, ya que utilizaba el GPS del aparato para llegar a un supermercado del barrio Universitario.

Indicó que cuando se detuvieron en el semáforo sintió un golpe en el costado y le arrebataron el teléfono.

Mencionó que el delincuente tenía colocada una camiseta de la Selección Argentina y una bermuda beige. También dijo que en primera instancia su esposo no había advertido lo ocurrido, ya que tenía colocado el casco.

Describió que lo persiguieron y le dieron alcance, pero el ladrón extrajo un elemento punzante con el que lesionó a Sepúlveda en uno de sus brazos.

Manifestó que el procesado, quien les gritaba que se fueran, continuó su fuga y finalmente fue arrestado por efectivos policiales que arribaron tras sus gritos pidiendo ayuda.

Destacó que “a su pareja le tocó un nervio del antebrazo y hombro que lo imposibilitó para trabajar por 20 días”, aclarando que, “si no ponía la mano en defensa, el ataque iba al cuello o pecho con clara intensión de lastimarlo”.

En el mismo sentido declaró su pareja, brindando detalles de cómo se produjeron los hechos.

Por otra parte, los efectivos policiales que participaron del procedimiento describieron la forma en que tomaron conocimiento de la emergencia y cómo se desarrolló la detención de Ledebur y el secuestro del arma de fabricación casera que utilizó para lesionar a uno de los damnificados.

Estos objetos y las prendas que llevaba colocadas el sospechoso fueron reconocidas por las víctimas.

No obstante, durante el arresto los policías no lograron hallar el teléfono de la mujer.

Versiones

Ledebur declaró en el debate y dijo que a las víctimas las conocía, ya que algunos días antes del hecho "lo sacaron" de una casa que estaba ocupando en Aguado y República Siria. Mencionó que habían llegado junto a otras personas y lo amenazaron con un arma de fuego.

Agregó que “se los vuelve a cruzar y le pide de sacar la ropa, se agarran a las piñas y agarró un palo para defenderse”. Mencionó que no sabía la razón por la que hirió al hombre y que también resultó lesionado.

Poco después de su arresto Ledebur había dado un relato diferente. Refirió que no conocía los damnificados y que habían peleado porque insultaron a su madre.

El juez consideró que el acusado solo intentó mejorar su situación.

“Efectuó un relato espejo respecto a lo dicho por las víctimas, colocándose en una suerte de víctima de todo lo sucedido, pero en nada pudo sustentarse sus dichos, por lo que ello no resiste el menor análisis”, señaló De Rosa en la resolución.

Al momento de establecer la pena consideró como agravante dos condenas que había recibido anteriormente el sujeto.

También contempló la extensión del daño causado a Jaramillo, quien fue despojada de un celular que contenía información personal muy importante.

Por todo ello, le impuso la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

¿Quién disparó contra la víctima fatal?¿Dónde está el arma homicida? ¿Por qué la Policía de Villarino, al parecer, no interviene en la investigación? ¿Cuál es el estado de la causa?

Daniela Macheroni, hermana del hombre ultimado a balazos, se quejó a raíz de que su grupo familiar se encuentra "totalmente desinformado" sobre las actuaciones que llevan adelante la fiscalía de homicidios, interinamente a cargo de la fiscal Marina Lara, y el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Carlos Human.

"Queremos que la Policía local pueda intervenir y resolver el caso, porque acá sólo está trabajando la DDI de Bahía Blanca. Necesitan trabajar en conjunto para aclarar el hecho lo antes posible. No sabemos por qué la fuerza policial de acá (por Buratovich) no actúa", manifestó la entrevistada.

"Supuestamente ya saben quién mató a mi hermano, pero su detención puede tardar 15 días", agregó.

Según plantean los familiares del fallecido, Wilson Abel Cardozo López (22), hasta ahora el único detenido por el caso, no sería quien le disparó a Macheroni, en contraposición a la hipótesis inicial de la fiscalía.

Al día siguiente del homicidio, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) bahiense detuvo a Cardozo López durante un allanamiento en su vivienda de Belgrano al 700, en Buratovich.

"Wilson no es el único involucrado, porque al momento del robo había 3 o 4 personas adentro del patio de la casa de mi hermano. Pero una sola le disparó a Sebastián", aseguró.

"(Algunas de ellas) declararon y dijeron el nombre y el apellido del que disparó", continuó diciendo.

El crimen se produjo aproximadamente a las 3.30 del miércoles 17 de abril pasado, cuando al menos 3 intrusos irrumpieron en la vivienda de Macheroni, en aquella localidad de Villarino,  y sustrajeron dos plantas de marihuana.

Al advertir lo que estaba sucediendo, el morador del lugar, quien se hallaba en compañía de su pareja, Iara Majnach, comenzó a perseguir a pie a los ladrones y uno de ellos efectuó los tiros mortales.

El damnificado resultó con dos heridas de bala en un lateral y el otro de la región costal.

La víctima conocía a Cardozo López porque tiempo atrás "jugaban juntos a la pelota", pero actualmente -dijo la mujer- no tenían relación.

"Mi hermano no se juntaba con ninguno de estos pibes", sostuvo.

Daniela también dijo estar "totalmente segura" de que su hermano "no vendía droga" y aseveró que el cannabis sustraído de su domicilio lo usaba solamente para "consumo personal".

"Él trabajaba en la cosecha de maíz, entonces estaba todo el día afuera de su casa, incluso sábados y domingos, y aparte ahí no iba nadie", contó la vocera.

"En su domicilio no había un constante movimiento de gente, por el cual se podría suponer que vendía droga", añadió.

Macheroni aparentemente no estaba enemistado con nadie y tampoco tenía antecedentes delictivos.

"Mi hermano también trabajó mucho tiempo en la Base Naval Puerto Belgrano, pero lo dieron de baja porque no tenía los estudios completos, por eso volvió al pueblo", finalizó.

Gustavo Pacheco, secretario de Protección Ciudadana de Villarino, negó los dichos de la mujer sobre la supuesta inacción por parte de la Policía de Buratovich, que -dijo- trabajó en el caso de forma "inmediata".

"Recibí el llamado aproximadamente a las 4 y me avisaron que una persona había ingresado en el hospital de Buratovich sin signos vitales. A partir de ese momento toda la Policía del distrito se puso a trabajar en relación con el hecho y en pocas horas se dio con la persona que está detenida", aseveró Pacheco.

"Incluso la Policía de Buratovich le aportó a la DDI bahiense información de dónde podía estar el autor. Después empezó a trabajar la DDI porque la justicia así lo determinó, por eso no tenemos más intervención, pero no nos desligamos del caso".

"La Policía de acá actuó y le entregó a la justicia pruebas contundentes como material fílmico".

"La fuerza policial se compone de todos los que intervienen, sea (Policía) Comunal, (Patrulla) Rural o la DDI. Todos son policías, no importa de dónde sean; están nucleados para trabajar en esta región y lo importante es llegar al esclarecimiento del caso", completó el funcionario municipal.

Independientemente de las discrepancias, Pacheco dijo "entender el dolor" de la familia de Sebastián y le brindó sus "respetos".

"Desde el municipio se le ofreció ayuda psicológica a la familia e inmediatamente nos pusimos a disposición", resaltó el titular del área mencionada.

Una fuente de la investigación opinó que la causa está "bien dirigida".

"Se hicieron más allanamientos en los domicilios de dos menores de edad implicados indirectamente en el homicidio de Macheroni. Si bien en ese momento estaban cerca del lugar del hecho, no serían partícipes", informó la fuente consultada.

Ahora se investiga a un cuarto sospechoso.

El arma de fuego con la que asesinaron al hombre, que podría ser una pistola 9mm. o de un calibre similar, todavía no se encontró.

Cardozo López está detenido imputado del delito de homicidio en ocasión de robo, aunque su situación procesal podría cambiar si el Ministerio Público Fiscal acredita que no es el autor de las detonaciones.

A raíz de que falta producir prueba, la fiscal Lara pidió a la justicia de Garantías que se prorrogue el plazo para eventualmente solicitar la prisión preventiva contra el joven de nacionalidad paraguaya.

Familiares y amigos de Sebastián marcharon el jueves en Buratovich para reclamar el esclarecimiento del asesinato.

"No estoy de acuerdo con la marcha porque considero que tuvo un fin político que no construye, sino que entorpece la investigación", concluyó Pacheco.

No es un tema nuevo. Desde fines de 2016 que la Justicia bahiense habla con mayor frecuencia de "soldaditos de la droga". 

Se trata de jóvenes -en general menores- que son utilizados como escudo protector del narcotráfico. Niños o adolescentes que sirven para la vigilancia encubierta y dar aviso en caso de que alguien busque perturbar el negocio.

Es una práctica lamentable y sostenida, que vulnera desde corta edad a chicos que tienen futuros difusos al ser víctimas del consumo y quedan atados a un plan delictivo del cual, por lo general, no pueden escapar.

En los últimos días, un fallo condenatorio a tres presuntos vendedores de droga en Bahía sumó prueba para confirmar que había personas que "capacitaban" a los chicos para la función de "soldaditos".

Se trata de la sentencia que recayó en Alexis Emanuel Andragnez (29), Claudio Raúl "Chupete" Roldán (49) y Leandro Gabriel Gómez (24), todos penados a cumplir 4 años de cárcel por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Reclutan mujeres con hijos pequeños y embarazadas para vender drogas

En la resolución judicial dictada hace algunos días por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal local, a la cual tuvo acceso La Nueva., se dejó constancia de cómo funciona el sistema.

Esa causa, que motivó múltiples allanamientos el 21 de octubre de 2021, se originó a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada, que sería amigo de un consumidor. 

¿"Cocina" en Bordeu?

Esa persona se presentó ante la autoridad judicial y dio cuenta que días antes de la Navidad de 2019 acompañó a un allegado a un domicilio ubicado en Chaco al 700, donde se encontraron con "Leo" Gómez, a quien le consultaron por la compra de cocaína.

Por su recomendación llegaron a Villa Bordeu, donde vivía un cuñado de Gómez que poco antes había salido de la cárcel.

"Pasamos a una habitación y había guantes y frascos de ácidos y el cuñado de Gómez mencionó que la cocaína se hacía en esta ciudad y tenía un costo de $350.000 pesos el kilo de cocaína y si es mejor calidad, $400.000", declaró el testigo.

En su testimonio de fojas 1, también remarcó que el dueño de casa les reconoció que era Gómez quien "reclutaba chicos -menores de edad- en el barrio Noroeste, para formarlos de soldaditos, utilizandolos para llevar y traer mercadería o para hacer de campana en una esquina".

Esa circunstancia disparó una causa a cargo de la Fiscalía Federal, con intervención de la DDI de Mar del Plata (para no "contaminar" la causa con policías locales) y de la Prefectura.

La investigación al cuñado de Gómez (identificado como O.A.C.) y la posible "cocina" de droga en Bordeu no prosperó (el hombre fue sobreseído en junio de 2022), pero sí se pudo acreditar el empleo de los "soldaditos" que aquel día había comentado.

Policías encubiertos determinaron que en los domicilio que frecuentaba Gómez -Bravard 2500, Chaco al 700 y Gorriti 1700- había presencia de "soldaditos" en "estado de vigilancia", datos que quedaron acreditados en las fojas 39/40, 43/44, 47/48, 63/64, 89/90, 152/153, 187/188, 274/275 y 277/279 de la causa.

El juez Ernesto Sebastián, al dictar la condena de Andragnez, Roldán y Gómez, no dejó pasar por alto que el conocimiento y la voluntad que requiere el tipo penal del artículo 5 de la ley 23.737 (venta de drogas) "se ha evidenciado no solo en el aspecto comercial y económico sino también se verificó un estado de alerta por parte de los encausados o bien la utilización de personas denominadas 'soldaditos' que vigilan la entrada y salida de individuos en los domicilios de los imputados".

Los roles

Se pudo establecer que Andragnez, al menos desde el 21 de enero de 2020 hasta el 21 de octubre de 2021, comercializó droga (en especial marihuana) en su vivienda de Entre Ríos al 2000. El día del allanamiento le secuestraron 8 frascos de vidrio, una bolsa transparente, un tarro plástico y una caja de zapatillas, todo con cogollos de cannabis (más de 700 gramos) y una planta del mismo vegetal, de 65 centímetros de alto.

Un oficial de la Bonaerense y otro de la Prefectura, que actuaron de civil en distintos tramos de la pesquisa pudieron establecer que cuando Gómez se movía hacia la vivienda de Chaco al 700, los "soldaditos" de vigilancia le comunicaban la eventual presencia cercana de algún patrullero y de esa manera lograba esconderse o retirarse del lugar a tiempo.

A Roldán le imputaron "vender" entre el 2 de octubre de 2020 y el 21 de octubre del año siguiente, cuando se realizó el allanamiento en su casa de Estados Unidos al 1500, donde secuestraron un plato con clorhidrato de cocaína y se encontró a un potencial cliente con una dosis de esa droga envuelta en un billete de 10 pesos.

"Chupete" se valía de una camioneta Fiat Qubo para concretar maniobras de delivery. Además fue declarado reincidente, porque ya lo habían condenado (también a 4 años de prisión) en una causa similar originada en Punta Alta en 2014.

Gómez, por último, según los investigadores, comercializaba estupefacientes al menos desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 21 de octubre de 2021, tanto en el domicilio de Chaco al 700 como Bravard al 2500.

Los investigadores establecieron que en varios domicilios se advertían maniobras de tipo "pasamanos", características de este delito, y más llamativas en tiempo de pandemia, cuando la circulación estaba prohibida.

Al aceptar el juicio abreviado, los tres acusados hicieron un reconocimiento "expreso y libre" de los hechos y su responsabilidad.

A Andragnez le imputaron el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que a Roldán y Gómez, tráfico de estupefacientes en la modalidad comercio.

"No miden el riesgo"

Vanesa Troncozo, referente del Centro La Misión, una organización encargada de prevenir, asistir y capacitar sobre problemáticas sociales relacionadas con las adicciones, manifestó que la situación "existe y es real".

"Si nos focalizamos en el Noroeste, es una demanda que nos llega de las escuelas, de los equipos de orientación escolar y de las instituciones del barrio. No nos ha tocado trabajar con 'soldaditos', pero es una preocupación latente", dijo.

La referente de la ONG -que funciona desde hace más de 20 años- advirtió que, en especial desde la pandemia a la actualidad, muchos jóvenes "ven la posibilidad del menudeo de drogas como una opción fácil de ingreso económico".

"No sé si tanto por la cuestión del consumo, sino por poder tener un ingreso económico, pero no miden el riesgo. La situación existe y es real, lo ven como una salida económica y laboral rápida, sin medir riesgos", insistió.

Troncozo, por último, manifestó su inquietud por otro aspecto de la problemática: la "naturalización" social del consumo, en especial de la marihuana y la cocaína.

Dónde pedir ayuda

Ex CPA. El Centro Comunitario Bahía Blanca (ex CPA) atiende en Necochea 945. Consultas al teléfono 291-5339367.

Salud. El departamento municipal de Salud Mental, en tanto, tiene sede en Güemes 52. Teléfono 4551159. 

Apoyo. El programa psicoeducativo Raíces, perteneciente a La Misión, asiste a familiares directos de adictos, personas con depresión y ansiedad. Se reúne todos los viernes a las 19 en Lavalle 247. 

Adolescentes. La Misión también tiene un espacio de acompañamiento Raíces (ámbito creativo para compartir y pensar cómo mejorar la salud mental y emocional de jóvenes de entre 13 y 18 años). Viernes, 18.30, en O'Higgins 312. Contacto: 2914-444355.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó los argumentos de Pablo Ramiro Díaz Lacava -y del defensor público Carlos Riera- en su intento por separar al doctor Juan José Baric de la instrucción del caso.

Uno de los planteos realizados a partir de su presunto "temor de parcialidad" es que en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Rosa, a cargo de Baric, fueron pegados carteles agraviantes en su contra, que lo tildaban de "maltratador", hecho que le generaba una especial "preocupación".

Esa situación -según dijo- la advirtió el mes pasado, cuando había sido citado a prestar declaración indagatoria, audiencia que luego se suspendió justamente por ese motivo.

Baric, previamente, había desestimado los argumentos al sostener, en el caso de los carteles, que pertenecen a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional -gremio que pidió el juicio político de Díaz Lacava- y que su difusión, propia de una acción sindical, se había dado tiempo antes y también se había concretado en el frente del Tribunal Oral Federal.

Y también dijo Baric que el acusado había concurrido en más de una oportunidad al juzgado sin que en todo este tiempo haya hecho mención alguna al supuesto temor que le generaban.

La Cámara bahiense, con el voto del doctor Leandro Picado, también descartó esa posición, al asegurar que dichos carteles no pueden "generar un compromiso de imparcialidad".

"Aseverar lo contrario dejaría librado al azar que cualquier manifestación de un tercero, ajeno al proceso, pueda poner
en duda la garantía de imparcialidad del juez de grado, y atentar contra la garantía del juez natural", dijo Picado.

En ese sentido, consideró "infundada" la recusación, teniendo en cuenta que no brindó "razones lógicas y valederas para demostrar que la imparcialidad del magistrado cuyo apartamiento se pretende se encuentra comprometida".

El camarista también remarcó que este no fue el primer intento de Díaz Lacava por recusar al juez actuante, habiendo al menos dos incidentes en mayo y octubre del año pasado.

"En conclusión, la mera sospecha de una decisión de carácter adverso no representa una razón suficiente para que se configure un temor objetivo de parcialidad. A todo evento, el interesado tendrá disponibles las vías procesales idóneas para impugnar, en la oportunidad que corresponda, aquellas decisiones que eventualmente le agravien, lo que no puede ser suplido por la recusación del órgano jurisdiccional que conoce el caso", se indicó en el fallo.

Otro argumento

Díaz Lacava también recusó a Baric por una supuesta relación cercana con el entorno de uno de los denunciantes, pero ese argumento también fue rechazado.

El imputado alegaba que en alguna oportunidad el juez actuante había llevado a la madre del denunciante a Buenos Aires y desde la Capital hacia La Pampa, por trámites particulares, y que era "vox populi" su vínculo amistoso con esa familia.

Al respecto, Baric había dicho que solo conoce al denunciante y su familia por su función laboral y que no es amigo de ellos, sino que tiene el mismo grado de cordialidad que con casi todos los integrantes del tribunal, siendo una ciudad no muy grande y un fuero federal que es chico.

El camarista Picado, en este sentido, destacó que esa circunstancia "no ha sido acreditada en forma alguna por el recusante".

"Resultan atendibles las explicaciones vertidas por el magistrado de grado, en relación a que, en su carácter de juez federal de primera instancia, mantiene una relación cordial con varios de los integrantes de la Justicia Federal de la ciudad de Santa Rosa", agregó

"Por todo lo expuesto, en el caso analizado, desde el punto de vista del recusante, no existe un temor de parcialidad que resulte verificable, pues las circunstancias examinadas no tienen entidad suficiente para generar esa duda", cerró  Picado.

Prohibición de acercamiento

Medida. El juez Díaz Lacava tiene vigente una medida cautelar para no acercarse a menos de 50 metros de los empleados que lo denunciaron.

Comunicación. La disposición incluye la prohibición de comunicación entre él y las víctimas, excepto la que se realice "por interposita persona" designada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Delitos. El juez -uno de los que juzgó el caso Bobinas Blancas en 2021- está sospechado de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones en perjuicio de trabajadores del TOCF de Santa Rosa.

Estrés. A raíz de los ataques, una de las secretarias del tribunal debió ser hospitalizada por "estrés laboral". Los denunciantes calificaron al juez como "dominante e intempestivo" y afirmaron haber presenciado actos "inadecuados y violentos" de su parte.

Gritos. También aludieron a "gritos y ataques de ira" así como destrato a policías, penitenciarios y a periodistas, a los que les reclamaba por sus publicaciones.

Este año un total de 18 personas privadas de libertad que no completaron ese nivel de formación se inscribieron para rendir el examen de ingreso a la Universidad Nacional del Sur, en el marco del Programa de educación en contextos de encierro que ofrece la institución educativa bahiense.

Así lo confirmó Aldana Nungeser, coordinadora de la iniciativa que funciona desde 2018, quien resaltó la importancia del incremento de alumnos en las Unidades Penales Nº 4 y 19, de esta ciudad y Saavedra, respectivamente.

En el segmento de la población carcelaria que finalizó los estudios secundarios también se registró un aumento de inscriptos, con aproximadamente 20 reclusos más que en 2023 para rendir la prueba de la UNS.

“Para lo que tiene que ver con unidades penitenciarias, esta cantidad de alumnos es un montón”, opinó Nungeser.

Según manifestó la docente, el crecimiento de la nómina estudiantil en Villa Floresta y Saavedra se produjo fundamentalmente porque muchos de los ingresantes se “incentivaron” con las experiencias positivas de, por ejemplo, Nicolás Avots Sugimoto y Sebastián Lazarte Slee.

El primero de ellos -actualmente libre- estudió Derecho y se recibió mientras cumplía una condena a 10 años de prisión en la cárcel de Saavedra.

La sanción le había sido impuesta en 2015 por el Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos, al considerarlo autor del delito de homicidio simple con dolo eventual, como consecuencia de un siniestro vial.

En julio del año pasado Avots Sugimoto se convirtió en el primer graduado de la UNS en contexto de encierro y esta semana recibió un reconocimiento por haber hecho uno de los mejores trabajos de tesis de la carrera.

Por su parte, Lazarte Slee, alojado en el penal saavedrense, es el segundo egresado de Derecho en relación con el programa en cuestión. En diciembre le entregaron el título después de recibirse en “solo 3 años”.

“Es increíble que Sebastián se haya recibido en un período tan corto con el nuevo plan de estudios de Derecho (2020), que incluye 51 materias. Hay que tener en cuenta que el plan de 2009 tiene 36 materias”, destacó la entrevistada.

“Los alumnos se incentivaron bastante con ellos (en referencia a Avots Sugimoto y Lazarte Slee) y nosotros les insistimos mucho para que conocieran estos casos de éxito y se puedan recibir. Es un estímulo educativo para aquellos que están privados de libertad”, agregó.

Este año los responsables del programa recolectarán información sobre reincidencia delictiva vinculada no solamente con las dos unidades penitenciarias de esta jurisdicción, sino también con el resto de los establecimientos carcelarios en la provincia de Buenos Aires.

En el territorio provincial funcionan 52 dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre alcaidías y cárceles.

La tarea tiene como finalidad establecer cuál es el porcentaje de reincidencia en el delito y si la tasa bajó respecto de años anteriores.

“Queremos saber puntualmente de cuánto es esa tasa de reincidencia, porque se dice que desciende en función de los presos que estudian o trabajan en el ámbito intramuros”, adelantó.

“De los aproximadamente 600 estudiantes que hay en los 52 complejos (de detención) bonaerenses, 150 corresponden a nuestro programa. No es un número menor”, reflexionó la referente del programa.

Nungeser y Santiago Garrido, pionero del programa y secretario general del Ministerio Público Fiscal local, brindarán una jornada de concientización sobre esta modalidad de enseñanza para que la comunidad universitaria “tome dimensión del impacto positivo” que genera en personas privadas de libertad.

La actividad, prevista para fines de este mes o principios de junio, concluirá con una visita al penal de Villa Floresta para que sus reclusos también se concienticen sobre los beneficios de estudiar.

En cuanto al resto de la oferta académica para internos, en 2023 se dictó la diplomatura en Introducción al ambiente diseñada entre los departamentos de Geología y Derecho de la UNS. Hubo 28 egresados, una cantidad significativa de acuerdo con la informante.

En tanto, el próximo año los alumnos de hasta tercer año de la carrera de Derecho (incluidos los internos del programa) comenzarían a recibir el título intermedio de procurador, con alcance nacional.

"Permite trabajar en el Poder Judicial; te matriculás como procurador en el Colegio de Abogados, se te bloquea la matrícula y tenés un 25% más de sueldo. Eso es interesante", dijo Nungeser.

Creación. El Consejo Departamental de la UNS aprobó en los primeros días del mes pasado la creación del título intermedio de procurador, que "se va a implementar en todo el departamento de Derecho", pero "va a beneficiar especialmente a los privados de libertad".

En análisis. "Lo estamos evaluando y puede ser algo muy positivo", señaló la estudiante avanzada de Derecho.

Instancia. "Ahora (el proyecto) debe pasar al Consejo Superior Universitario y se podría poner en práctica a partir del próximo año", explicó. Esta idea se impulsó desde el Grupo académico UNS, una organización de estudiantes de la casa de altos estudios local.

Presupuesto. El presupuesto para recabar datos acerca de la tasa de reincidencia en el delito proviene de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Oferta. "Vamos a seguir trabajando para ofrecer más carreras", afirmó.

La medida fue definida hoy por la mañana en la Superintendencia de Interior Sur y comunicada al comisario Leonardo Varillas, aunque recién se dispuso por la tarde. 

El comisario Gonzalo Sandobal, jefe de la Policía de Bahía, puso en funciones al subcomisario Martín Guzmán como nuevo titular. También venía desempeñándose en la seccional de Villa Mitre.

Quién es la octava persona señalada

Se trata de una disposición de tipo preventiva, por ser el superior del uniformado -también es su cuñado- que está siendo investigado.

De todas formas, se aclaró que al menos por el momento el nombre de Varillas no figura en la causa penal que investiga el fiscal Gustavo Zorzano.

Es una medida distinta a la que, la Auditoría General de Asuntos Internos, adoptó con Ñancucheo, quien sí fue desafectado de servicio y debió entregar el arma, la placa y el chaleco.

Varillas seguramente será conducido a otro destino, aunque no se informó cuál.

Esto es derivación del procedimiento del lunes a la noche, cuando cuatro personas fallecieron y una quinta terminó herida, tras electrocutarse mientras robaban cables en un campo de la ruta 33.

Las víctimas, que fueron abandonadas en la caja de una camioneta en la puerta del hospital Municipal, fueron identificadas como Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28).

Está internado -también por la descarga- y detenido Emanuel Chamorro Sepúlveda (20) y poco después del hecho, en La Pinta al 300, fue arrestado Ángel Daniel Gallardo (63), padre de Fernando, quien también afronta cargos por robo agravado en despoblado y en banda.

De esa manera sostuvo la postura del fiscal Gustavo Zorzano y rechazó la apelación de los asesores legales de los imputados. Respecto de otros dos condenados, Mauricio Esteban Duchosal y Jorge Ezequiel Ostiza, no hubo cuestionamientos de la defensa.

Además, los 5 fueron inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

Sobre las apelaciones planteadas, los jueces Guillermo Emir Rodríguez y Guillermo Petersen refirieron que no alcanzaron para desmerecer el razonamiento desarrollado por el juez Gabriel Giuliani en el fallo de primera instancia, ya que brindó las razones que condujeron al pronunciamiento de condena realizando la valoración de toda la prueba.

En relación a que los certificados analíticos de estudios secundarios eran una falsificación burda, los jueces señalaron que -si bien los directivos de las instituciones pudieron detectar esa falsedad- una persona ajena al ámbito educativo podría tomarlos como válidos porque “los documentos presentan características externas que les brindan apariencia de autenticidad por lo que resultan idóneos para inducir a error de terceros”.

Tener los estudios secundarios completos era requisito determinante, entre otros, para el ingreso a la Academia de Policía de Tres Arroyos, con el nombramiento de los acusados y la percepción de los haberes correspondientes hasta su exoneración, esos documentos apócrifos utilizados resultaron “idóneos para el fin -ardid- al que fueron destinados, al punto que a la postre percibieron los emolumentos correspondientes hasta su desvinculación en el año 2019, lo que permite -además- sostener que el falso certificado esgrimido resultó en uno de los elementos constitutivos de la estafa también endilgada”, señala el fallo.

No fue negligencia

Los jueces detallaron que no se trata de un caso en el cual haya existido un obrar negligente por parte de la administración pública en el control de los recaudos para acceder a la función, como señaló la defensa, “sino que lisa y llanamente se ha tratado de un fructífero engaño delictual, que no quedó en la mera declaración falsa en la solicitud de ingreso en el formulario, sino que se vio plasmado en la presentación del falso certificado analítico de estudios secundarios, lo que constituye el ardid determinante del error que posibilitó el fraude endilgado”.

Las defensas de Curruinca, Plaza y Abinceta sostuvieron que no hicieron uso de los certificados falsos porque desconocían su existencia y que fueron gestionados por el secretario de seguridad del municipio de Tres Arroyos, Ricardo Magrath, quien les dijo que no se preocuparan, que lo iban a solucionar. Al respecto, los jueces señalaron que los detalles consignados en esos certificados sobre los estudios secundarios fueron aportados por los propios encartados.

“A la luz de lo antedicho, vaya pues que los encartados hicieron un uso propio del certificado analítico falso para acreditar el cumplimiento del requisito excluyente -estudios secundarios- a sabiendas que no habían culminado los mismos, lo que les permitió ingresar como cadetes a la academia de policía, efectuar el curso correspondiente y a la postre ingresar como oficiales a la fuerza policial, desempeñando sus funciones propias y percibiendo por ello los correspondientes emolumentos, lo que trasunta que desde el aspecto subjetivo se hallaba presente el dolo -directo- que las figuras legales por las que resultaron condenados requieren para su configuración”.

Fuentes oficiales indicaron que los operativos fueron llevados adelante por efectivos de Prefectura Naval Argentina y ordenados por el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del doctor Walter López Da Silva.

Los uniformados requisaron inmuebles ubicados en la zona de Bulevar Juan B. Justo y Saladero, donde efectivizaron las detenciones de los sospechosos (no se informaron las identidades).

Los arrestos, según señalaron, fueron realizados en Reconquista al 2900, Canning al 3.100 y Daniel de Solier al 3800.

En los sitios inspeccionados incautaron alrededor de 110 gramos de marihuana, unos 120 de cocaína, celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento, tablets y balanzas.

Finalmente mencionaron que los imputados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Los voceros indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 0:15, cuando personal de la Policía Local se presentó en el interior de la termina San Francisco de Asis tras un llamado al teléfono de emergencias 911 alertando sobre una pelea de pareja.

Señalaron que al arribar determinaron que una mujer que estaba relacionada con lo sucedido se había retirado en un micro de larga distancia, mientras que la otra parte se encontraba aún en el lugar.

En esas circunstancias le pidieron al sujeto que se retirara del sitio y allí comenzó una discusión que finalizó con su aprehensión.

Las fuentes refirieron que el individuo, identificado como Diego Mendoza (46), agredió a "empujones a un efectivo y se produjo un forcejeo, rompiendo la pistolera e intentando tomar el arma".

El hombre, imputado de desobediencia, resistencia a la autoridad y daño, fue arrestado y trasladado a la comisaría Cuarta.

El deceso del jubilado, según confirmaron desde la comisaría Segunda, se produjo ayer en el hospital Municipal.

El incidente vial se había registrado el lunes pasado, poco antes del mediodía, en Santiago del Estero y Zapiola. 

La víctima, por causas que se tratan de establecer, chocó con una moto Honda 250cc., que estaba al mando de un hombre de 35 años, quien ahora está imputado de homicidio culposo.

Como consecuencia de la colisión, Liciotti había sufrido traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Se trata del local de la firma Álvarez Cura, ubicado en la calle 26 al 300, que sería la única escribanía existente en esa localidad de Villarino, según se informó.

"En ese lugar se revisaron distintos papeles y se secuestró la documentación solicitada. El allanamiento se hizo con la asistencia de un letrado del Colegio de Escribanos de Bahía Blanca", aclaró un investigador. 

Los otros operativos tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Quilmes y Lomas de Zamora. 

El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Antonio Armella, Secretaría Penal Nº 2 del doctor Pablo Ezequiel Wilk, dispuso los allanamientos en relación a una investigación que seguía los pasos de una banda dedicada a las ventas irregulares de terrenos ubicados en Hudson Park, emprendimiento urbanístico situado en el kilómetro 34,500 de la autopista Buenos Aires-La Plata, en cuya causa la Prefectura ya había realizado otros 15 allanamientos.

La maniobra fue detectada gracias a denuncias de asociación ilícita, estafa y otras defraudaciones, a partir de lo cual se logró conocer que el ardid consistía en comercializar terrenos, los que eran adquiridos por altas sumas de dinero en dólares, detectándose que los mismos eran vendidos más de una vez y que reinvertían las utilidades en distintos bienes y proyectos.

Asimismo, gracias a la investigación se advirtió que la asociación ilícita utilizaba un sistema complejo de intermediación en la que se vieron involucradas distintas inmobiliarias, escribanías (una sería la de Pedro Luro) y estudios contables.

Como resultado de las requisas, se secuestraron libros contables, actuaciones notariales, boletos de compra-venta y demás documentación de interés para la causa, así como equipos informáticos, de telefonía celular y unidades de almacenamiento. No hubo detenidos.