Se trata de Emanuel Chamorro Sepúlveda, de 20 años, quien permanece internado (con custodia policial) en el hospital Municipal debido a las distintas quemaduras que sufrió en su cuerpo producto del tremendo golpe de electrocución de una línea de media tensión que pasa por un campo de la ruta 33.

Chamorro fue sometido a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal mediante videollamada y, en ese marco, prefirió mantenerse en silencio, derecho que le asiste.

Personal de la UFIJ N° 18 se presentó en el centro asistencial y de esa manera realizó la comunicación virtual con la fiscalia y el abogado que asesora al imputado, defensor oficial Eduardo Zalba.

Se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa y quedó imputado del delito de tentativa de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, el mismo delito que alcanza a Gallardo padre.

La causa continúa en trámite de investigación mientras se recolectan diversos elementos probatorios para determinar lo sucedido y quién o quiénes se encuentran involucrados en el hecho delictivo, según se informó.

Por el desgraciado desenlace fallecieron Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) -hijo de Ángel- y Federico Strick (28).

Hasta el momento no hay vinculación penal del subcomisario Martín Ñancucheo, quien ya fue desafectado de la Policía porque su handy fue encontrado en la camioneta Amarok en la cual trasladaron a las víctimas hasta el hospital.

La movilización se iniciará a las 19.30, desde la plaza principal hasta la sede policial de Buratovich, donde la familia de la víctima pedirá además la intervención en el caso de la Policía de esa localidad.

Según indicó Daniela Macheroni, hermana del fallecido, el asesinato está siendo investigado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Bahía Blanca, aparentemente sin la actuación de policías villarinenses.

"La Policía de acá no interviene en absolutamente nada y no sabemos por qué. Queremos que la Policía detenga al autor de los disparos, porque supuestamente ya sabe quién mató a mi hermano, y que se resuelva el hecho", afirmó la entrevistada.

Está previsto que de la marcha participe también Olga Aban, hermana de Verónica, a quien hace menos de un año estrangularon en Hilario Ascasubi, ubicado en el mismo distrito del sur bonaerense.

Además estarán presentes integrantes de organizaciones sociales.

El grupo familiar de Sebastián se reunió en esta ciudad con personal de las fiscalías de homicidios y de Menores que investigan el crimen.

En la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 (homicidios), a cargo del fiscal Jorge Viego, "no nos dijeron más de lo que sabemos".

"Nos informaron que hay menores de edad involucrados y que están trabajando en el caso", expresó Daniela sobre el encuentro de ayer.

En el marco de la investigación se detuvo al paraguayo Wilson Abel Cardozo López (22), se realizaron allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares para peritar la próxima semana y se tomaron declaraciones.

"Después de la declaración voluntaria de uno de los menores, Wilson quedó desvinculado de la hipótesis (inicial que lo señalaba como autor de los tiros)", dijo la informante.

"De cualquier manera no se descarta que (Cardozo López) haya estado en el lugar del hecho, porque las huellas de calzado que los peritos encontraron en el patio de la casa de mi hermano coinciden con zapatillas de Wilson", acotó.

De acuerdo con la mujer consultada, otro mayor de edad estaría sospechado en la causa y sería quien baleó a Macheroni.

Por el incidente fatal también tomó intervención Carlos Human, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bahiense.

El hecho se produjo minutos después de la medianoche en un predio situado en la zona de Independencia al 4.000.

Allí tomó fuego un rodado Mercedez Benz que estaba cargado con material para reciclar, por lo que concurrieron al sitio bomberos voluntarios de Ingeniero White, la guardia de Defensa Civil y personal policial del Comando de Patrulla.

"Causaron algunos daños no solo en el camión, sino también en la oficina del depósito", señaló una fuente consultada.

Esta mañana el abogado Maximiliano De Mira, que asesora a Gallardo, aseguró que su asistido no fue quien condujo la camioneta Volkswagen Amarok hasta el hospital, para abandonar los cuerpos. 

"No surge del expediente que mi asistido (Ángel Gallardo) dejó a las personas en el hospital. Su detención no se produjo en el nosocomio ni en el campo, sino en su domicilio particular", remarcó De Mira, en diálogo con el programa Panorama de LU2.

El abogado también dijo que su defendido tiene intenciones de declarar, pero que mantuvo silencio ayer ante el fiscal por su consejo, teniendo en cuenta que hay medidas de prueba pendientes, como el análisis de los celulares secuestrados. 

Se trata de Bianca San Martín, de 24 años, quien quedó acusada de tentativa de extorsión.

Según detallaron fuentes policiales, un vecino puntaltense denunció en la Comisaría que recibía llamadas telefónicas de un sujeto que le exigía dinero a cambio de no armarle una supuesta causa penal.

Agregaron que ante esta situación, el denunciante pactó la entrega de dinero con el extorsionador y el GTO montó un operativo en el lugar acordado, donde acudió la mujer que resultó detenida.

Desde la Comisaría local agregaron que tras la detención la justicia ordenó un allanamiento en el penal de Villa Floresta, con resultado positivo.

El procedimiento realizado en la cárcel bahiense fue llevado adelante por efectivos de la División Cibercrimen y secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos en la celda de uno de los internos, que también está siendo investigado por la maniobra extorsiva.

El acusado, que no fue identificado para preservar la identidad de las víctimas, fue puesto a disposición del fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ Nº 14 y encargado de la investigación.

Según la causa, entre 2012 y 2018, el hombre habría aprovechado diversas circunstancias en las que los niños se encontraban de visita en su casa para someterlos a tocamientos y diversas situaciones sexuales.

Cuando sucedieron los hechos, una de las víctimas tenía entre 11 y 12 años; otra, 7 y la tercera, entre 2 y 3 años de edad.

El hombre está acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, abuso sexual simple gravado por la guarda y por el vinculo y abuso sexual simple agravado por el vinculo y será indagado en las próximas horas.

El operativo, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 2, a pedido de la ayudantía fiscal de Villarino y la UFIJ Nº 12, se dio en la casa 57 de la calle 22, donde fue arrestado Artemio Ramos (49), de nacionalidad paraguaya, acusado de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Personal de la comisaría Villarino Segunda actuó en el procedimiento, en el marco de la IPP Nº 6817/24, caratulada como robo e iniciada en marzo.

En la vivienda mencionada secuestraron, entre otros elementos, un cuchillo con mango de alpaca que era buscado en relación con aquel delito.

Por otra parte, se incautaron 6 bagullos de marihuana, una balanza de precisión, lo cual originó una causa por infracción a la ley 23.737, a cargo de la UFIJ Nº 19.

Finalmente, incautaron dos revólveres calibres 22 y 32, uno de los cuales había sido sustraído hace algunos días. 

Esta última situación derivó en la aprehensión de Ramos, por la tenencia de armas de fuego sin autorización.

Ese dato, ahora refutado por el penalista -quien no aportó mayores detalles hasta tanto declare su defendido-, es uno de los que más rechazo social habían generado en el marco de este delito, descubierto entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Esa versión concuerda con la que pudieron reconstruir los investigadores y que figura en la causa que tramita el fiscal Gustavo Zorzano, titular de la UFIJ Nº 18, aunque no le quitaría responsabilidad en el traslado a Ángel Gallardo.

Existe una octava persona, además de los 5 electrocutados, Gallardo padre y un policía cuyo handy apareció en la camioneta, que habría tomado intervención en un tramo del suceso.

Se trata de Bruno Martín Uribe, de 34 años, quien sería familiar de Facundo (32), fallecido en el hecho junto con Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28).

"Lo que pudimos reconstruir es que Gallardo padre trajo a los heridos desde el campo, pero en un momento dado dejó el mando de la Amarok a Bruno Uribe, quien finalmente condujo la camioneta hasta el hospital. Gallardo, en tanto, habría seguido camino hacia su casa en el auto que hasta ahí manejaba Uribe", explicó un investigador. 

De Mira confirmó hoy que la Policía llegó a la detención de Gallardo, en su domicilio de La Pinta 377, "a partir de una persona que aparentemente estaba en el nosocomio (sería Bruno Uribe). Tendrá que determinar la instrucción de la causa qué hacía allí esta persona y cómo sabía eso".

Sobre Bruno Uribe, según se supo, no pesa por el momento ninguna imputación.

"No surge del expediente que mi asistido (Ángel Gallardo) dejó a las personas en el hospital. Su detención no se produjo en el nosocomio ni en el campo, sino en su domicilio particular", remarcó De Mira, en diálogo con LU2.

El abogado también dijo que su defendido tiene intenciones de declarar, pero que mantuvo silencio ayer ante el fiscal por su consejo, teniendo en cuenta que hay medidas de prueba pendientes, como el análisis de los celulares secuestrados. 

"La idea es que de acá a unos días declare. Ya pedimos su excarcelación", agregó.

También informó que Gallardo padre "carece de antecedentes penales", que se dedica a la compra y venta de chatarra y material ferroso y que la camioneta Amarok está a su nombre. 

La imputación contra el hombre de 63 años es de robo agravado por ser en despoblado y en banda en grado de tentativa. Ese delito (consumado) prevé una pena de prisión de entre 5 y 15 años, pero al ser una tentativa la sanción se reduce de un tercio a la mitad.

En el día de hoy, si las condiciones de salud se lo permiten, el fiscal Zorzano indagará al único sobreviviente de la electrocución en el campo de la ruta 33: Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), quien es novio de una hija de Gallardo y permanece internado en el hospital Municipal.

Se trata del segundo juicio en el caso puesto que en el primer juicio hubo dos condenas a prisión perpetua por la autoría material del crimen y una tercera, a cuatro años, por la participación secundaria en el secuestro.

Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, en la esquina de la casa en la que vivía, en Villa Tesei, partido bonaerense de Hurlingham, cuando iba a reunirse con un grupo de amiguitas.

Su muerte, según se determinó en el primer juicio, ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto en el segundo lugar en el que estuvo cautiva, a manos de los dos condenados a perpetua, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara.

El cadáver fue hallado en un descampado cercano a la Autopista del Oeste, a la altura de Hurlingham, en un operativo del que participó el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.

El cuerpo presentaba signos de abuso sexual.

Junto con “Mameluco” Villalba, alojado en el penal de Ezeiza por otra condena por narcotráfico, también fueron absueltos el ex policía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta; el informante de las fuerzas de seguridad Héctor Horacio “Topo” Moreira y el carpintero Néstor Ramón Altamirano, todos en calidad de “coautores”.

El ex narcotraficante de la localidad de San Martín ya había declarado como testigo en el primer juicio por la muerte de Candela, en 2017, y que terminó con tres condenados: Hugo Bermúdez y Fabián Gómez, ambos a perpetua, y Leonardo Jara, sentenciado a cuatro años.

La sospecha que había sobre Villalba es que habría ordenado el crimen de la nena en venganza contra el padre de la nena, Alfredo “Juancho” Rodríguez.

Según "Juancho", un compañero de la cárcel le había comentado que "El Topo”, otro de los juzgados ahora,  andaba diciendo que él sobrevolaba las villas de San Martín con un helicóptero de la Policía Federal, marcando gente vinculada al narcotráfico algo que perjudicaba los planes de Villalba. (NA)

Desde la comisaría Quinta señalaron que la inspección fue realizada en un predio ubicado en el kilómetro 696 de la ruta 3.

Indicaron que el sitio carece de habilitación municipal y que hallaron un rodado Ford Escort con pedido de secuestro por robo elevado por la comisaría Séptima en julio del año pasado.

También mencionaron la incautación de tres vehículos que presentaban la numeración suprimida o adulterada. Otras seis unidades presentaban pedidos de secuestro requeridos por registros automotores locales.

En tanto, se decomisó una importante cantidad de autopartes sobre las que se procura establecer la procedencia.

Voceros de la seccional del barrio Noroeste se iniciaron actuaciones por encubrimiento e infracción al artículo 289 inciso 3.

El incidente tuvo lugar, poco antes del mediodía, en Corina Parral al 3600, donde fue aprehendido Héctor Francisco Flores, de 41 años, a quien no solo le imputaron el ataque a su pareja, de 39, sino también la tenencia de cocaína y marihuana.

Cuando el personal de la subcomisaría de Harding Green llegó junto con el del Comando de Patrullas, encontró la puerta abierta y al denunciante en el sector.

Al escuchar los gritos, los uniformados ingresaron de urgencia y llegaron hasta la habitación matrimonial, donde la mujer estaba muy golpeada y tirada sobre la cama y Flores totalmente exaltado.

Luego de fuerte oposición, el acusado pudo ser reducido y la mujer fue conducida, en principio, a la subcomisaría del sector, donde recibió las primeras curaciones por un corte en una mano, aunque también tenía un pómulo y un ojo totalmente hinchados.

Al ser requisado Flores, en una riñonera se le secuestraron 10 gramos de cogollo de cannabis y una bocha de 10 gramos de cocaína, además de 3 chips de teléfonos.

Fue acusado de desobediencia, resistencia a la autoridad, lesiones leves en el marco de la ley 12.569 e infracción a la ley 23.737, con intervención de las UFIJ N° 15 y 19.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

Se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa y quedó imputado del delito de tentativa de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda.

En el día de mañana -y a pedido de la defensa- se llevará a cabo la audiencia prevista por ley para tomarle declaración a Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), quien se encuentra internado en el hospital Municipal con lesiones por quemaduras.

Los fallecidos fueron identificados como Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28).

La autopsia de las cuatro personas fallecidas determinó que el causal de deceso fue un shock cardiogénico en contexto de arritmia compatible con fibrilación auricular lo que produjo la parada cardíaca por choque eléctrico.

Por este mismo caso ya fue desafectado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el subcomisario Martín Omar Ñancucheo, quien habría facilitado el handy encriptado para que la organización delictiva actuara a sabiendas de los movimientos de la fuerza.

Todavía no se resolvió la situación del uniformado desde el punto de vista penal, con lo cual permanece en libertad.

Fuentes del Ministerio Público local indicaron que el procedimiento se llevó adelante en el marco de una serie de operativos coordinados por la Procuración bonaerense y relacionados con causas de fraudes informáticos que instruyen fiscalías de los distintos departamentos judiciales de la provincia. 

Los voceros mencionaron que en las últimas horas se produjo el arresto de Agustín Inti Viñuales, durante un allanamiento efectuado en un inmueble ubicado en la primera cuadra de calle Basualdo.

Además se registraron otros seis lugares e incautaron documentación, 16 teléfonos celulares, 4 notebook, 3 CPU´s y criptomonedas.

En el caso investigado por el fiscal de la UFIJ Nº 20, Rodolfo De Lucia, resultó damnificada una firma bahiense por un monto superior a los 150 millones de pesos.

"La causa se inició en octubre de 2023, cuando el responsable de la firma radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada, hasta que lograron determinar el faltante de dinero", señalaron.

La investigación determinó que el dinero fue dividido y transferido a nueve cuentas con distintos titulares, para luego ser desviado a otras 36 y posteriormente a nuevos destinos, para finalmente adquirir criptomonedas. 

"Esa actividad permitió determinar algunas identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron los procedimientos", agregaron.

Finalmente explicaron que en las próximas horas se va a llevar adelante la indagatoria del sujeto arrestado.

Se trata de Miguel Macaroff, de 34 años, quien iba a bordo de un auto Ford Fiesta que escapó del lugar, pero fue interceptado por los patrulleros a las pocas cuadras. Los otros dos escaparon y son buscados por la Policía.

Según detallaron desde la Comisaría local, alrededor de las 3 de la madrugada se recibió un llamado alertando que un auto había chocado contra el portón de una casa en calle María Cecilia Perrín (entre 25 de Mayo y Paso) y desconocidos estaban robando elementos del interior del garaje.

"Los móviles de las cuadrículas de zona norte y Punta Alta que llegaron al lugar vieron al auto darse a la fuga, por lo que se dispuso un operativo cerrojo que logró detenerlo en Río Dulce y Humberto", informó la Policía.

Del interior del auto secuestraron un bolso color marrón con $ 4.652.500, propiedad del dueño de la vivienda producto de la venta de un bien, y se detuvo a Macaroff por el delito de robo.

Según informaron desde la Comisaría local, los sospechosos de 32 y 24 años respectivamente fueron detectados a través de las cámaras de seguridad de la Central de Monitoreo.

Cuando los detuvieron, iban caminando con el poste por el interior del parque Sarmiento, en Humberto y Quintana, a pocas cuadras del lugar donde fueron observados.

Agregaron las fuentes policiales que al requisarlos les encontraron un frasco con 7,9 gramos de marihuana.

Ambos quedaron acusados de hurto y de infracción a la ley de drogas.

De esa manera el policía -que hasta ahora prestaba servicios en la comisaría Cuarta- entregó su arma reglamentaria, su chaleco y su placa y se puso a disposición de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

A partir de ahora, y hasta tanto dure la medida preventiva -que podría desembocar en su expulsión de la fuerza-, el agente cobrará la mitad de su sueldo.

Mientras tanto, el fiscal Gustavo Zorzano por el momento no adoptó ningún temperamento respecto de la situación procesal del uniformado, aunque trascendió que la UFIJ N° 18 habría pedido el legajo del funcionario público, N° 167.961.

El handy encriptado con número de registro a nombre de Ñancucheo apareció en la camioneta Volkswagen Amarok en la cual, el lunes a la noche, abandonaron a 4 personas fallecidas y una herida por electrocución en la guardia del hospital Municipal.

Los fallecidos fueron identificados como Facundo Uribe, de 32 años; Joaquín Acosta (18), Fernando Gallardo (25) y Federico Strick (28), mientras que el herido es Emanuel Chamorro Sepúlveda (20).

Por otra parte, el conductor de la camioneta, que abandonó el vehículo antes de llegar al centro asistencial y se retiró, Ángel Daniel Gallardo (63), padre de Fernando, fue aprehendido poco después en su casa de La Pinta al 300.

Se estableció que las víctimas sufrieron el grave incidente cuando robaban cables de media tensión en un campo de la ruta 33, kilómetro 46,5.

Trascendió que Ñancucheo, una vez que supo del desenlace fatal, se presentó en el hospital para tratar de llevarse el handy (no lo había denunciado como robado o extraviado), pero colegas suyos, a cargo del procedimiento, se lo impidieron y pusieron el dispositivo a disposición de la Justicia.

Todavía no está claro si solo habría prestado colaboración o tuvo otra participación en el hecho.

Por otra parte, Zorzano le tomaría hoy declaración indagatoria al herido Chamorro Sepúlveda y a Gallardo padre, mientras analiza otros pasos procesales.

Se trata de Julián Martínez, de 31 años, cuya secuencia quedó registrada en un video que difundió La Nueva.

La Policía lo arrestó sobre las 22 en la calle Bill Américo Brusa 3300, en el barrio Los Álamos. Fue imputado de hurto y puesto a disposición de la UFIJ Nº 15.

Se pudo acreditar su intervención en el hecho a partir de prueba documental y el secuestro de las prendas de vestir que vestía al momento del delito.

Los chocolates, según habría comentado en medio del operativo, se los habría comido. 

También se supo que no sería la primera vez que comete un delito de este tipo.

Con la publicación del video por parte de este medio, los encargados de la estación de servicio de Pedro Pico y la ruta 3 se habían comunicado ayer con la comisaría de Villa Rosas, para dar cuenta que una persona de las mismas características habría sustraído chocolates bajo la misma modalidad. 

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en Eva Duarte al 2.700, en el barrio Tierras Argentinas, y en Nicolás Pérez al 2.100, en inmediaciones de Vista Alegre.

En la primera de esas viviendas se aprehendió a Gerómino Frías, de 20 años, mientras que en la segunda se hizo lo propio con dos menores.

Estos tres jóvenes habían agredido a Axel Seguel, de 18, luego de una pelea vecinal este domingo. Este resultó herido de un puntazo en la zona intercostal izquierda, a la altura del corazón, y había recibido varios golpes en la región orbital derecha -tiene complicaciones visuales-. Estas heridas habían sido de gravedad pero no le ocasionaron riesgo de vida.

Durante los allanamientos se secuestraron el arma blanca utilizada durante el ataque, así como las ropas utilizadas por los agresores al momento del hecho y también un ventiluz que habían usado para golpear a Seguel.

Además, en el domicilio de Frías también se encontró documentación a nombre de una mujer, que le había sido robada a punta de cuchillo a principios de marzo. 

Se trata de Martín Omar Ñancucheo (legajo 167.961), quien hasta la actualidad cumplía funciones en la comisaría Cuarta de Villa Mitre y, al menos por el momento, continúa en libertad. De todas maneras, la medida todavía no se hizo efectiva porque hasta esta noche el nombrado no había sido localizado.

El uniformado debía ser el poseedor del handy encriptado con la frecuencia policial que apareció en la camioneta Volkswagen Amarok en la cual abandonaron a 5 personas electrocutadas -4 de las cuales fallecidas- en el hospital Municipal, tras un frustrado robo de cables de media tensión en un campo de la ruta 33, kilómetro 46,5.

Quiénes son las 4 víctimas fatales y el herido

Trascendió que Ñancucheo, una vez que se supo el desenlace fatal, se presentó en la puerta de la guardia del hospital, para tratar de llevarse el handy, pero colegas suyos, a cargo del procedimiento, se lo impidieron y pusieron el dispositivo a disposición de la Justicia.

La desafectación de servicio, según la ley 13.982, se dispone para el personal policial sometido a sumario por hechos que pudieren derivar en sanción expulsiva.

La medida se puede extender 60 días (con prórroga excepcional de igual periodo) y demanda la entrega por parte del uniformado del arma reglamentaria, la placa, el chaleco y otros bienes oficiales.

Por otro lado, la desafectación implica la retención del 50% de sus haberes, a excepción de las asignaciones familiares.

Mientras tanto, en cuanto a la investigación penal, todavía no se conoció públicamente ninguna medida en relación con el subcomisario.

El hecho ocurrió en la tarde del martes, sobre las 14, en Zelarrayán al 1.200, en el barrio Universitario.

En ese lugar, el delincuente ingresó al comercio, pidió distintas mercaderías y, aprovechando un descuido de la comerciante al buscar cigarrillos, aprovechó para tomar cuatro chocolates y esconderlos dentro de su campera.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. De cualquier modo, desde el comercio indicaron que no se trata de un cliente habitual y que no lo habían visto allí con anterioridad.

Según se indicó a La Nueva. -y como también se observa en el video-, al momento en que el hombre queda fuera de la vista de la mujer, tomó los chocolates y los escondió dentro de sus ropas. Luego, pagó por el resto de la mercadería y se fue del lugar.

Momentos después, la comerciante observó que faltaban los chocolates. Según se indicó se trata de golosinas de 300 gramos, importados y de una conocida marca, por un valor de 14.600 pesos cada uno.

“No conocemos a la persona; no sabemos quién es. Tenemos experiencia de que han pasado hechos similares en otros locales, donde habían robado encendedores caros y, a partir de la movida que hicimos en las redes sociales, terminaron devolviéndolos”, se explicó.

En ese sentido, se aclaró que la clientela del kiosco “es gente del barrio, que conocemos”, pero también hay personas de barrio.

“Le pudo haber pasado a cualquiera; hay momentos en que es imposible observar todo el tiempo qué hace el cliente -se indicó, y también se destacó que no hubo que lamentar un hecho de violencia-. Ojalá que esta persona reflexione y, al menos, nos devuelva los chocolates”.

El titular de la UFIJ N° 1, Cristian Aguilar, imputó a la procesada por homicidio simple con dolo eventual y subsidiariamente la figura de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, exceso de velocidad, bajo los efectos de estupefacientes, paso con semáforo en rojo y culpa temeraria.

El hecho se produjo el pasado 9 de marzo, cuando la camioneta Nissan Frontier, guiada por Leguizamo, circulaba por avenida Colón en sentido descendente y al llegar a la altura de Vicente López impactó desde atrás a la moto Gilera Smash guiada por Sandra Amalia Romero, quien falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Para la fiscalía la acusada condujo el rodado mayor "violando los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir un vehículo por la vía pública, y bajo los efectos del consumo de cocaína y anfetaminas".

Además, en virtud de nuevas pericias efectuadas, "se acreditó que manejaba con exceso de velocidad a un promedio de 126 kilómetros por hora en una zona de 30 kilómetros por hora de velocidad máxima y sin respetar la señal del semáforo existente en la intersección con la Peatonal de Drago que le impedía el paso con la luz roja encendida".

Caso Romero: una tragedia vial que podría haber sido mucho más grave

Asimismo, se logró determinar que Leguizamo circuló a excesiva velocidad desde Colón al 900 hasta el sector del impacto, atravesando al menos tres semáforos en rojo.

La figura legal imputada a la acusada prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión y fue admitida por la Justicia de Garantías al momento de dictar la prisión preventiva.